La empresa que se gane el contrato de subarrendamiento para reactivar la actividad bananera en la finca de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles Fruit Company (Coosemupar) tendrá dos opciones: comenzar de cero o rescatar las actuales plantaciones.La primera opción, aunque representa una mayor inversión, quizás sea la más factible para reanudar la producción del conocido “oro verde” en la región de Barú, en la provincia de Chiriquí.
Esta alternativa consiste en derribar las actuales plantaciones e iniciar la siembra con meristemos (una semilla desarrollada en laboratorios), manifestó Roberto Santamaría, director nacional del banano, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).
Además, dijo Santamaría, se tendrán que instalar modernos sistemas de riego, construir nuevos drenajes, cables vía, entre otros cambios, para lograr un mayor rendimiento.
El costo de producción de una hectárea con este sistema equivale a una inversión de entre 15 mil y 20 mil dólares. Esto implicaría una inversión de entre 49 millones y 62 millones de dólares, considerando que son 3 mil 119 hectáreas disponibles para la actividad.
El rendimiento por hectárea sería de unas 2 mil 500 cajas aproximadamente en la primera cosecha, la cual iniciaría a los nueve meses.
No obstante, con las actuales plantaciones, la empresa bananera tendría que esperar a la tercera generación para ver los frutos de su inversión, es decir, unos 27 meses aproximadamente.
Por una hectárea trabajada (con los nietos de las plantaciones actuales), en nueve meses solo se cosecharían mil 600 cajas. La inversión sería entre ocho mil dólares y 10 mil dólares.
Sin embargo, el futuro de la producción de las cuatro mil hectáreas de Coosemupar podría definirse mañana, cuando el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) revele la decisión de la comisión evaluadora, luego de estudiar los documentos entregados por la única empresa que mostró interés para el subarrendamiento del uso de las tierras para la producción y exportación de banano, la italiana Centro de Distribución Toscana (Cedit).
Las empresas Agro K y Boquerón, que también retiraron los pliegos de peticiones y participaron de la homologación, finalmente no presentaron propuestas.
La cooperativa, que aglutina a unos 2 mil 800 trabajadores en la región de Barú, mantiene una deuda de más de 40 millones de dólares, pero el valor de la empresa cooperativa ronda los 100 millones de dólares.
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